En los últimos 60 años, conforme se han ido implantado un conjunto de megaproyectos lucrativos de carácter agroindustrial, ganadería intensiva, energético e inmobiliario, la calidad y la cantidad de agua se ha ido deteriorando de manera acelerada afectando las necesidades de consumo personal y doméstico, la producción agrícola y ganadera en pequeña escala, así como la reproducción de los ecosistemas. Junto a ello, en puerta existe la amenaza de implantación del fracking en la región, así como la del trasvase de aguas de la cuenca hacia los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Texas. No existe marco legal ni institucional que detenga este proceso de degradación. En la práctica no ha existido autoridad del agua en los distintos niveles de gobierno con capacidad de monitorear y regular el uso del agua en la región, ni de atender las distorsiones en su gestión, de tal suerte que los megaproyectos disponen de grandes volúmenes concesionados de los principales afluentes de la cuenca del río Pánuco, que a la postre se desechan contaminados a las corrientes superficiales.

Los sistemas comunitarios del agua son los únicos organismos que hacen frente a las necesidades de abasto de poblaciones rurales, indígenas y núcleos urbanos empobrecidos; sin embargo, éstos no cuentan con reconocimiento jurídico ni financiamiento que les permita atender con eficacia las necesidades de infraestructura de almacenaje, conducción y distribución del vital líquido hacia los hogares.

Los ayuntamientos municipales se portan reacios a atender la demanda de asignación de presupuesto a las comunidades para su administración directa.